“Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Kofi Annan (1938), séptimo secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz de 2001.
BOMBA INFORMATIVA. NOTA DE LA REDACCIÓN: Mientras preparamos un análisis exhaustivo sobre las repercusiones que este suceso podría tener para la Iglesia española, queremos destacar una noticia que ha captado la atención pública el día de hoy 8 de febrero de 2024. Se trata del recién nombrado Director de Sanidad para Calatayud, el ex cura López-Brea, cuya selección se realizó de manera directa. Les invitamos a explorar este enlace, donde encontrarán información detallada acerca de López Brea, quien fue visto regularmente en lugares de intercambio sexual poco antes de su ordenación. Este sacerdote ha descuidado las más de quince parroquias bajo su responsabilidad en Jaca mientras cursaba estudios de Derecho y realizaba prácticas en Zaragoza, además de aspirar a un puesto de auxiliar en el sistema de salud de Aragón. También hemos reportado previamente sobre la demanda interpuesta por el cura contra el periodista Jordi Picazo, en la que le exige dos años de prisión, una indemnización de 100.000 euros y una multa de 30.000 euros, suma que ha sido embargada, por revelar la doble vida de Vicente Jesús López-Brea Urbán. La defensa de López-Brea y la persecución legal contra el periodista estaban a cargo del conocido bufete Cremades Calvo Sotelo hasta hace poco. La juez encargada del caso, aludiendo a acusaciones de homofobia tanto contra la Iglesia como contra Picazo, emitió una orden para amordazar con el silencio al periodista y facilitar el ascenso de López-Brea en la administración pública mediante nombramientos directos. Continuaremos informando sobre este tema. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Juan José Omella, ha trasladado al obispo amigo del cura hipersexualizado y ahora Director de Sanidad de Calatayud, a monseñor Julián Ruiz Martorell, a una diócesis menor alejándolo de Huesca, para que no acuda llamado como testigo por el periodista Jordi Picazo a juicio. Igualmente, Omella cardenal ha mandado a otro testigo llamado por Picazo, monseñor Fernando Arregui ex rector del seminario de Zaragoza, a vivir y trabajar al Vaticano por el mismo motivo. No deja de ser curioso si no se explica por una maniobra de la Iglesia española corrupta y el PP, que el cura hipersexualizado y ordenado contra el Derecho Canónico, vaya a trabajar al lado de su amigo obispo. Monseñor Arregui advirtió a monseñor Julián Ruiz Martorell de que no podía ordenar a López-Rueda por su vida lujuriosa.
También puedes leer esta Nota como Entrada en el Blog, con su particular documentación y fotografías de documentos, siguiendo este enlace, aquí.El informe Ruiz-Martorell muestra entre sus pliegos más oscuros muestra una utilización del silencio criminal de los jerarcas de la Iglesia Católica en España, mientras dejan que las circunstancias y la mala praxis de la misma justicia española ejerza el efecto de crear confusión, y en la espera de que esa confusión les favorezca.
En caso contrario, cuando un capitoste como fue recientemente el caso del cardenal Omella, o más recientemente el caso del jesuita Arana ante los tribunales españoles se han visto ahogados por sus propias heces de soberbia y afán de poder, la iglesia acostumbra a hacer la llamada de turno al magistrado más comprometido por favores recibidos, o por el daño que puede hacérsele a su carrera sino ayuda, para que a su vez haga la llamada pertinente al juez de turno y se cambie la dirección de las conclusiones del procedimiento.
Estamos hablando de un cinismo criminal: esta casta sacerdotal en una sociedad democrática es una rémora contra el bien común, y unos cuantos, tampoco tantos, obispos españoles, como en Chile (tuvieron que dimitir en bloque por vergüenza), como en La Plata estas semanas (tres, uno tras otro, renuncian al cargo ya nombrados, antes de empezar a ejercerlo) deberían estar dando con sus huesos en la cárcel y ducharse desnudos con los demás presos, ser regalados una cajita de condones al ingresar en prisión como es costumbre, atender y pasar por las vejaciones que se pasan en las cárceles españolas. No por Cristo, sino por acostarse con el Diablo, príncipe de la oscuridad, padre de la mentira.
En esta línea que inauguramos con las entradas que seguirán, mostramos documentos en los que a justicia española encarnada en jueces incompetentes y peligrosos para la democracia, no reciclados en derechos humanos, asaltan las libertades de los ciudadanos. Se viene defendiendo por parte de un juez español en el caso Vicente López-Brea Urbán (puede verse más abajo un documento-auto cercenado la libertad de prensa) la lujuria de miembros del clero como orientación sexual, y condenan de antemano incluso antes de la primera vista, sin juicio (no ha habido juicio todavía en dos años y cuatro meses) a un periodista (Jordi Picazo, borrándole de la faz de la vida social y profesional con medidas cautelares propias de criminales convictos) que muestra con su información cómo los padres y madres que llevan a sus vástagos a la Iglesia Católica en Jaca (y Zaragoza, las dos diócesis rosas por excelencia de España) son engañados por esta iglesia sodomizada y les ponen a un depravado sexual a educar en moral y conducta, y fe religiosa a sus niños.
Preguntamos unas primeras cuestiones a nuestro compañero Jordi Picazo sobre este documento que puede leerse más abajo. Simplemente son cuestiones que nos surgen al leer el auto de 6 de octubre de 2021, cuando todavía no había sido notificada la denuncia a Jordi Picazo. No solo no había sido notificada la denuncia a Jordi Picazo, sino que tras llamar varias veces al juzgado y pedir que se la enviaran, tras un accidente de su primer abogado que le llevó a las puertas de la muerte y antes que este pudiera recibir los documentos, la funcionaria de turno le negó el envío, mientras se tomaban ya medidas cautelares contra él por los escritos de los abogados del susodicho sacerdote (en excedencia, vive una vida de laico hoy mientras acaba su carrera de derecho en la UNIR) para demostrar que está deprimido por culpa del periodista que denuncia su crimen.
Aquí se plantean cuestiones sobre la libertad de expresión y los derechos legales del periodista Jordi Picazo, así como las acciones legales emprendidas por los abogados José y Arancha Pajares del bufete "Pajares Abogados" en Zaragoza, ahora parte del Grupo Cremades & Calvo-Sotelo, directores de la acusación hipócritamente, puesto que todos saben que en España recibieron el encargo de librar a la Iglesia de la lacra de los abusos sexuales, establecer recomendaciones y fijar indemnizaciones. Y los documentos, junto a la evacuación de la Auditoría portuguesa, apuntan y concluyen en el grave peligro de la homosexualidad clerical en la incidencia de los abusos y el peligro del confesionario.
Aspectos relevantes de esta Entrada y del Auto:
Acusaciones Legales y Libertad de Prensa: La demanda contra el periodista Jordi Picazo, por parte del sacerdote denunciado y sus abogados, plantea un conflicto entre la libertad de prensa y los derechos individuales del sacerdote que se burla de la institución que le ordena a las sagradas órdenes. La demanda por daños y perjuicios (2 años de cárcel, 100.000 € de indemnización y 30.000 € de multa que ya se le ha bloqueado de su cuenta, al no tenerlos) y la acusación de "delito de odio" contra el periodista sugieren un choque entre el derecho a la información y la protección del honor y la intimidad personal.
Medidas Cautelares y Bloqueo de Fondos: La decisión judicial de bloquear fondos de la cuenta del periodista hasta mediados de 2024 o hasta que se celebre y concluya el juicio, recurso, sentencia, etc., que puede llevarle a 2030) lo interpretamos como una amenaza a su estabilidad profesional y personal. Esto podría percibirse como una medida extrema que afecta la capacidad del periodista para ejercer su profesión y le cierra su futuro. Todo ello a petición del Bufete Cremades & Calvo-Sotelo.
Interpretación Judicial ideologizada de la Moralidad y la Homosexualidad: El juez, según el auto que ofrecemos más abajo, argumenta que no es admisible equiparar la homosexualidad de un sacerdote con un peligro para menores o una mala praxis profesional. Esto refleja una perspectiva legal sobre cómo la orientación sexual debería según este pobre juez ser tratada en términos de derechos individuales y reputación profesional, propia de una ideología de moda totalitaria y neo marxista.
Implicaciones para la Libertad Religiosa y de Educación: El periodista argumenta que su enfoque periodístico era denunciar un ataque a la libertad religiosa y la educación, dado que los padres de los menores no estaban al tanto de la conducta del sacerdote. La cuestión es si esta perspectiva justifica la publicación de información sobre la orientación sexual y las acciones del sacerdote. La Fiscalía coincide con el periodista, no ve delito en nada de lo que se le acusa, y concluye que donde no hay delito no hay pena. Aun así, la Juez de instrucción decide tirarse por la moda ideológica.
Debate sobre los Límites de la Libertad de Prensa: Este caso resalta un debate complejo sobre los límites de la libertad de prensa, especialmente cuando se involucran acusaciones que pueden afectar la reputación y la vida privada de individuos. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad se vuelve difusa y sujeta a interpretaciones legales y éticas.
En resumen, este caso ilustra la tensión entre los derechos de la libertad de expresión y de prensa, y los derechos al honor y la privacidad individual. También pone en relieve cómo los procedimientos legales y las interpretaciones judiciales pueden influir significativamente en el ejercicio del periodismo, especialmente en temas sensibles como la conducta sexual y la moralidad dentro de instituciones religiosas.
José Pajares y su hermana Arancha, de "Pajares Abogados" en Zaragoza, recientemente incorporados al Grupo Cremades & Calvo-Sotelo, piden cárcel de dos años, el pago de cien mil Euros de indemnización y 30.000 de multa para nuestro compañero Jordi Picazo, quien denuncia la homosexualidad salvaje de un sacerdote al que el obispo de Jaca ha encargado 15 parroquias y la catequesis de los niños. "Por si le condenan" bloquean 30.000 (hasta llegar a esa cantidad) Euros de la cuenta del periodista hasta mediados de 2024, lo que supone su muerte profesional y social. La Juez sostiene esta pretensión atacando el derecho de la Iglesia y alegando que es inadmisible que se diga que un sacerdote homosexual activo y promiscuo no puede realizar su "trabajo" con toda "autoridad moral", decidiendo además esta juez lo que es noticiable o lo que está hecho con la sola intención de dañar la vida social de este sacerdote por "delito del odio". ¿No llamaban a esto violación de la presunción de inocencia? ¿Y más cuando la Fiscalía insiste en que no hay delito, sino información por parte del periodista?
Buena lectura.
Yanelis Tovar
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#libertadreligiosa #libertaddeconciencia #dignidaddelaconciencia #funcióndelEstado #Objecióndeconciencia
EN ESTA ENTRADA:
1.- Juez ataca periodista alegando que la moral sexual de la Iglesia Católica es "un tema complicado". Sugiere que puede ser reo de delito del odio. Dos opiniones-prejuicio personales antes juzgarle
2.- CONVERSACIÓN CON JORDI PICAZO SOBRE ALGUNOS PORMENORES DEL PROCEDIMIENTO EN SU CONTRA1.- JUEZ IMPUTA A PERIODISTA QUE EXPONE LA VIDA SEXUAL SALVAJE DEL CLERO, ALEGANDO QUE LA MORAL SEXUAL DE LA IGLESIA CATÓLICA ES "UN TEMA COMPLICADO"
Auto judicial ideologizado que ataca el Derecho privado de la Iglesia Católica, el Concordato con la Santa Sede y defiende la ideología de género contra los derechos fundamentales de la Información, de prensa, de Libertad Religiosa y de Educación.
2.- CONVERSACIÓN CON JORDI PICAZO SOBRE ALGUNOS PORMENORES DEL PROCEDIMIENTO EN SU CONTRA
"Incompetencia Manifiesta de Funcionarios y del Juez"
Se menciona al principio del documento que has seguido escribiendo sobre el tema a pesar de haber sido notificado (y cuando sabemos que ninguno de nosotros es autor único de las Entradas en nuestra web).
"Nunca recibí la denuncia a pesar de haberla solicitado en tres ocasiones. La primera vez fue el 20 de septiembre, cuando me llegó la citación para una vista el 22 de septiembre. Me enteré de ello al volver de cubrir el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest. Solo disponía de dos días hasta la comparecencia. Más tarde, al parecer, la enviaron al abogado que designé, Vladimir Lamsdorff-Galagane, después de que compareciera el 27 o 28 de septiembre, tal y como él mismo me informó ese día. Según me comentaron unos conocidos suyos el 29 de septiembre, por la tarde del 28 había sufrido un accidente. Nunca llegué a saber si la nueva citación y la denuncia fueron recibidas en su despacho, donde trabaja solo".
En la página 5, las afirmaciones de lenguaje vejatorio no corresponden a la realidad, según cuentas.
"No es cierto lo alegado. En aquel chat, donde atendí cortésmente a Vicente López Brea ese día, otros se encargan en ocasiones distintas, siendo él quien me contactó. Le sugerí que sería conveniente consultar a un profesional y le recomendé al mejor confesor y director espiritual para su alma. También le felicité por su vocación e invité a cuidarla.
"No se puede concluir que vulneré gravemente su dignidad personal y profesional cuando, en realidad, ocurrió lo contrario. El denunciante, por su parte, ha comprometido seriamente su propia dignidad y la de sus compañeros en actividades sexuales, y ha accedido al sacerdocio de forma fraudulenta, teniendo en cuenta los requisitos del Derecho Canónico. Además, el obispo que finalmente lo ordenó, Monseñor Julián Ruiz Martorell, fue advertido y reprendido por personas destacadas en la Diócesis de Zaragoza antes de admitirlo a las órdenes sagradas.
"Como periodista y católico comprometido, tengo pleno derecho a preguntar al obispo sobre estos abusos, ya sea por carta o como considere oportuno. En el caso del sacerdote López-Brea, yo simplemente le atendí, mientras soportábamos comentarios ofensivos de sus amigos, o que su abogado alegase que mi uso de la palabra "amigo" para referirme a él es despectivo. No se ha presentado otro ejemplo. Por su parte, López Brea me faltó al respeto: "le he dicho que no quiero que escriba más sobre mí", "invéntese una vida", etc.
"Un secreto que impide a alguien garantizar la integridad de su trabajo y el bienestar de niños y adolescentes a su cargo, no es un secreto que deba mantenerse, sino denunciarse. Mi labor periodística de investigación implica, por definición, también la denuncia. Que sus actos perturben su conciencia no debería atribuirse a mí. Además, estoy dispuesto a dialogar con él, le recomendé un director espiritual y mi objetivo es su completa recuperación y el bien común, así como denunciar la vulneración de los derechos de los fieles católicos en España a que no se normalice este comportamiento.
"Me resulta curioso que al juez no le preocupe si lo que digo es cierto o no, sino que, sea verdad o mentira, lo considere un delito de homofobia. De hecho, según la Constitución española, es un criterio fundamental a la hora de informar. Todo está respaldado por testigos y capturas de pantalla en redes sociales, además de los nombres y apellidos del propietario del local de intercambio sexual que el candidato a sacerdote visitaba regularmente".
Entonces conoces por primera vez la denuncia y el contenido del Auto antes de conocer las acusaciones ampliadas.
"Recibí el Auto el día 13 de octubre. Sin embargo, ya desde mi llamada del 29 de septiembre sabían que no contaba con abogado, debido al grave accidente del 28 de septiembre que casi le cuesta la vida. No había sido informado y este Auto se fundamenta en la ampliación de la denuncia del 8 de septiembre. Se redactó este Auto el 6 de octubre. Es muy probable que la misma funcionaria que, por un error organizativo en julio, me informó equivocadamente de una denuncia por estafa, lo comunicara al juez, quien rápidamente elaboró este documento basándose en la ampliación de la denuncia que yo no conocía".
El sacerdote ha denunciado al periodista colegiado Jordi Picazo 'por querer discriminarle', y a su propio exnovio por revelarlo, en un ataque sin precedentes a la libertad de expresión y al derecho a la información del ciudadano español, garantizados en la Constitución española y refrendados por el Rey, bajo cuya autoridad ejerce ese Juez su cargo. Una autoridad que entenderíamos queda en entredicho si no se alinea con la Constitución española. Mientras tanto, el abogado del sacerdote insulta por escrito al periodista y emplea la mentira para desacreditarle ante el Juez antes de la vista preliminar. El Juez y el abogado deciden si es relevante o no la información aportada por Jordi Picazo, acusándole a su vez de homofobia y de formar parte de una conspiración. ¡Vaya diferencia con Chile!
Y el mismo Juez cuestiona la moral católica, tachándola de 'tema complicado'. No obstante, el periodista escribía sobre este asunto desde la perspectiva de la violación de la libertad religiosa de los padres que, sin saberlo, llevan a sus hijos a la catequesis de un sacerdote que convierte el sexo en diversión y lo ocultó a la comunidad religiosa. Posiblemente, el Auto del Juez infrinja la libertad de educación de los padres y el concordato del Estado español con la Santa Sede, al invertir la situación y aplicar su criterio en un caso de 'derecho a la información', 'libertad de información', libertad de prensa y libertad de expresión."
Juzgue el propio lector, del propio Auto de medidas cautelares:
La persona afectada es una persona pública pues sus funciones se ha de indicar que La Iglesia puede tener un interés razonable en vigilar el comportamiento y la moralidad de sus sacerdotes, no obstante, no es admisible en absoluto identificar la homosexualidad de un sacerdote con un peligro para los menores o con una mala praxis profesional o con una incompatibilidad moral con el ejercicio del sacerdocio. De lo actuado existen indicios que la verdadera intención del autor de estas publicaciones no es la de informar sino la de perjudicar el honor y la integridad moral de la víctima. Las expresiones utilizadas por el autor no son en absoluto neutras sino en algunas ocasiones claramente vejatorias y humillantes alentando al público a repudiar a la persona del denunciante.
El mismo sacerdote utiliza el término 'maricones' en el chat con los autores del blog, al referirse a las personas 'gay' (ofreceremos el diálogo completo).
Por último, la naturaleza de lo publicado atañe a una esfera estrictamente personal, como lo es la orientación sexual
Falso, puesto que principalmente, y este es el ángulo desde el cual se denuncia periodísticamente el caso, se refiere a un ataque a la libertad religiosa y a la libertad de educación de los padres de los menores que acuden a esas parroquias.
Sin entrar a valorar si lo informado por el investigado puede ser cierto o no,
Que sea cierto o falso es una parte de la fuerza que da la Constitución a la licitud de la diseminación de una información.
(...) a toda persona ha de reconocérsele la total disposición sobre la elección de hacer pública su orientación y vida sexual o mantenerla para su más profunda intimidad.
Este sacerdote iba a antros de encuentros sexuales, mostrando su carnet de identidad, estando ya en el seminario.
La Constitución establece como límite a las libertades señaladas en el artículo 20, la protección del honor, y por ello, tras evaluar todas las variables y criterios mencionados, debe prevalecer el derecho al honor y a la intimidad sobre datos que solo son relevantes para la persona implicada
Hemos evidenciado la inexactitud de este principio. -AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES DEL PROCEDIMIENTO"
Jacques Pintor, periodista Copyright @2023 JACQUES PINTOR Cualquier cita de este artículo debe hacer referencia directa a esta entrada, a este Blog y a la autora Yanelis Tovar. PARA APORTACIÓN DE INFO O DATOS, O UNA CORRECCIÓN, puedes escribir a jacquespintor@gmail.comCOMENTA Y PARTICIPA EN LA CONVERSACIÓN EN
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