CONDENADOS LOS ESPÍAS DE OMELLA Y ARANA

Los espías del cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella y el Padre Jesuita Germán Arana en la "Trama Maña" fueron condenados. Y fueron condenados por prácticas ajenas a la Trama Maña y juzgadas delictivas por una juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza, tras el recurso de los condenados en primera instancia tras un juicio de julio de 2019. Ahora siguen pendientes de su recurso al Tribunal Supremo.

Buena lectura.

Jacques Pintor

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EN ESTA ENTRADA: 
- Condenados los espías de Omella y Arana 
- Germán Arana y el cardenal Omella abandonan a su suerte a sus informantes ante el juicio de Zaragoza
- La exnotaria intentó alegar su condición de víctima de la trama en su propia defensa en el juicio contra ella
- Me equivoqué en el pronóstico
- El Arzobispo Vicente Jiménez Zamora, nuevo miembro de la Congregación Vaticana para los institutos de Vida Consagrada
- PARA SABER MÁS: El objeto del enjuiciamiento

Los espías del cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella y el Padre Jesuita Germán Arana en la "Trama Maña" fueron condenados. Y fueron condenados por prácticas ajenas a la Trama Maña y juzgadas delictivas por una juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza, tras el recurso de los condenados en primera instancia tras un juicio de julio de 2019. Ahora siguen pendientes de su recurso al Tribunal Suremo.

La exnotaria diocesana Mari Carmen Amador quiso ejercer de víctima de Omella y Arana en el juicio de julio de 2019 (a pocos días de que el cardenal Omella tuviera también que acudir a un juicio ante la justicia civil en Barcelona) para que se la absolviera, pero aunque ciertamente es víctima de su asociación voluntaria con Omella y Arana en verse despedida de su cargo de notaria diocesana, no lo es en este acto delictivo financiero. Incluso dijo la exnotaria a la prensa que como, según ella, los jueces en Zaragoza "son cercanos al Opus Dei", se veía condenada de antemano.

Un putpurri que si algo refleja es la desorientación y psicopatía de los colaboradores de Omella y Arana para expulsar al arzobispo Ureña de Zaragoza. Amador es, sí, víctima del complot de Omella y Arana porque, al darse cuenta D. Vicente Jiménez del percal al llegar a su nueva diócesis, hiló más fino que D. Manuel Ureña y purgó lo que no hubiera tenido que purgar si no hubieran existido estas conspiraciones en palacio.

         De esto nos ocuparemos en otra Entrada, pues parece complicado creerse que según Amador, el Opus Dei ayudaría a Omella (y de rebote a Arana) facilitando la condena de Amador y Ferrer a través de jueces afines al Opus Dei y a Omella. Más bien podría esperarse en una tal conspiración, que facilitaran los jueces la absolución de Amador y Ferrer y luego marchara el arzobispo D. Vicente por jubilación. Así se cortaba la hemorragia. Condenar a los colaboradores de Omella es poner sobre la mesa, y facilitar que un juez imparcial llame un día al mismo cardenal a testificar y salga trasquilado. 
         Además de lo dicho, no cabe duda de que el hecho de involucrar a la Prelatura del Opus Dei en el resultado de un juicio en el que Amador confunde su presunto delito financiero con las consecuencias de su otra fechoría como compinche de un cardenal corrupto, puede interpretarse más que como un ejercicio de imaginación "a lo Harry Potter", como un delirium tremens.

Así lo explica el rotativo ABC en su edición de 20 de febrero de 2019."Un sacerdote y una abogada que trabajaron durante años en el tribunal eclesiástico de Zaragoza –dependiente del Arzobispado- se enfrentan a sendas peticiones de condena de dos años de prisión por apropiación indebida", por quedarse 3.840 euros que deberían haber ido a parar a las cuentas del Tribunal Eclesiástico, es decir, al arzobispado de Zaragoza". La sentencia declara probado que se apropiaron del dinero correspondiente a los honorarios de un perito que había renunciado a ellos para abaratar costes a los litigantes en el Tribunal Eclesiástico.

Germán Arana y el cardenal Omella abandonan a su suerte a sus informantes ante el juicio de Zaragoza

En mi análisis que ya publiqué en Periodista Digital -siendo un servidor el único periodista que asistió a la totalidad del juicio de ese 15 de julio de 2019- explicaba cómo los espías del Padre Arana y el cardenal Omella dentro del arzobispado de Zaragoza, la exnotaria María Carmen Amador y el exvicario judicial Roberto Ferrer, han acabado al final de esta trama viéndose, en sus propias palabras, traicionados por sus mentores.

Así, en la mañana del 15 de julio de 2019 tuvo lugar en los Juzgados de Zaragoza el juicio de más de cuatro horas de duración contra la exnotaria María del Carmen Amador y el exvicario judicial Roberto Ferrer por querella interpuesta por el actual arzobispo de Zaragoza Monseñor Vicente Jiménez. Todo rondó alrededor del uso indebido de una cantidad por encima de los 3.000 euros que habrían presuntamente utilizado los dos querellados en beneficio propio, cobrándolo indebidamente de peritajes en procedimientos de nulidad matrimonial mientras que el perito psicólogo había renunciado a cobrar por su trabajo. Y el perito en cuestión habría renunciado a cobrar la minuta en un intento de sintonía personal con la nueva norma del Papa Francisco para abaratar e incluso reducir a coste cero estos procedimientos de nulidades matrimoniales. Este perito psicólogo habría llegado ya a la edad de jubilación pero seguiría ejerciendo como perito voluntariamente, no pudiendo cobrar los emolumentos junto a la jubilación y optando por seguir trabajando gratis.

La exnotaria intentó alegar su condición de víctima de la "trama maña" en su propia defensa en el juicio contra ella

Que todo lo acaecido después de la expulsión del arzobispo Ureña ha sido un daño colateral de la “trama maña” del Vaticano contra Ureña por ambición del cardenal Omella ha quedado demostrado y toda España lo sabe. Todo este asunto, en palabras claras del cardenal Omella, se llevó en secreto desde la cúpula del Vaticano, como veíamos que admitía el mismo cardenal en sus wasaps a los ahora querellados.

Al final del juicio del 15 de julio de 2019, cuando la juez otorga la última palabra a la exnotaria querellada María Carmen Amador, esta intenta hacer valer el defenestramiento de Ureña como el detonante de su situación actual de querellada, y anteriormente ya de despedida de su trabajo:

«Yo lo único que puedo decir es que el que hoy estemos aquí en esta situación es porque se nos ha arrastrado durante 4 años por parte de Don Vicente Jiménez Zamora (…) creo que esto obedece a los informes que se nos solicitaron desde Roma con lo cual …»

En este punto cortó la Juez contundentemente a la exnotaria Amador y preguntó si quería la acusada decir algo que tuviera relevancia. Ya fue curioso que la Juez no la dejara terminar:

«Estamos con una apropiación indebida y el juicio usted ya ha visto y sabe a qué esta circunscrito, sobre esto …»

Y siguió Amador:

«Pues por lo que hoy estamos aquí y se amplía a don Roberto Ferrer, sacerdote al cual conozco desde hace 16 años y siempre he visto actuar conforme a derecho y siempre aplicando la justicia en la Iglesia con un sentido de pastoralidad, creo que ni él ni yo hemos urdido ni hemos maquinado ni nos hemos apropiado de algo que nunca hemos tenido (…) entonces me parece tan injusto, que obedece a otra cosa que, si me lo permite solo tengo presente el pasaje del Evangelio cuando el interrogatorio por parte de Anás… ».

Esta referencia vaga a un texto de los Evangelios en la Biblia se refiere al interrogatorio al que somete el sumo sacerdote del Sanedrín, Anás, a Jesucristo, que acabó siendo mandado a su suegro también sacerdote, Caifás, desentendiéndose.

«Hasta ahí hasta ahí»,

cortó la Juez.

Igualmente el defensor de Ferrer, actuando en equipo con el defensor de la exnotaria se refirió en su alegato final al tema de la injerencia de Roma y la utilización de los ahora querellados por parte de Omella, a instancias del cardenal Stella:

«La carta de Amador al Papa Francisco fue el detonante de todo esto, insisto, detonante de todo esto».

La carta de Amador al Papa formaba parte de los informes pedidos por el Papa Francisco por sugerencia de Germán Arana y el cardenal Omella. Amador había entregado esos informes a Fernando Chica en el Vaticano, mientras que Ferrer lo hizo a través de Arana.

El Ministerio Fiscal y la Defensa de los acusados coincidieron en destacar el caos organizativo de la diócesis de Zaragoza en cuanto a su contabilidad.

Me equivoqué en el pronóstico

«Visto para sentencia».

Tras el juicio, aventuré el siguiente pronóstico: Dada la gran habilidad y la dilatada experiencia de los contendientes, abogados de las partes y Ministerio Fiscal, sin olvidar la brillante actuación de la Juez, se esperaría un empate técnico con un “no se ha probado la culpabilidad a pesar de que esto o a pesar de que aquello", y el consecuente recurso de la parte querellante, el arzobispo de Zaragoza. Me equivoqué y lo vemos con la condena, que las partes condenadas recurrirán.

Según enfoquen el recurso los abogados de los condenados, podría verse involucrado el cardenal Omella.

El Arzobispo Vicente Jiménez Zamora, nuevo miembro de la Congregación Vaticana para los institutos de Vida Consagrada

Promoveatur ut amoveatur es una expresión latina que hace referencia a la estrategia consistente en quitarse de en medio a una persona considerada incómoda en una organización, promoviéndola a una posición de más honor pero meramente simbólica.

Puede hacerse en la práctica con una persona incompetente de la que no se quiere hacer desprecio público o por el contrario, y también es habitual, con una persona competente y entregada, demasiado honesta y celosa por cumplir con su obligación, que incomoda a los corruptos.

En Zaragoza puede muy bien ser esto lo que ha ocurrido. Porque acusar a Monseñor Vicente Jiménez, actual arzobispo de la diócesis ya dimisionario por haber llegado a la edad de 75 años y con la aceptación de esa dimisión por parte del Papa Francisco, de homosexual, como ya se ha empezado a hacer por parte de algunos, sería repetir y no poder pasar página de la gran torpeza de la operación contra Monseñor Manuel Ureña, anterior arzobispo.

Ahora el arzobispo Vicente Jiménez Zamora ha sido nombrado nuevo miembro de la Congregación Vaticana para los institutos de Vida Consagrada. Aunque no se puede establecer una relación directa causa-efecto, esta promoción y alegría para D. Vicente Jiménez hace que deje viejos lastres atrás como los relacionados con el tremendo disgusto de lo que heredó en Zaragoza al llegar para substituir a Monseñor Ureña.

Con esta promoción a miembro de la Congregación Vaticana, si la Juez del juicio del lunes 15 de julio de 2019 en Zaragoza, pronosticaba un servidor en el mes de julio, hubiera sentenciado que no quedaba probada la culpabilidad de los querellados Amador y Ferrer, se hubiera facilitado la posibilidad que no hubiera recurso por parte del arzobispo Vicente Jiménez, querellante. Y esto porque el querellante es el arzobispado no el arzobispo propiamente, y en breve habrá nuevo titular, por la cuenta que les trae en Roma.

En mi pronóstico me aventuraba a pensar que si Roma hace esta jugada de inmediatamente nombrar a D. Vicente miembro de una congregación vaticana incluso antes de encontrarle un substituto, es realmente pensando en todo lo del juicio, y significa que de alguna manera protege el Vaticano al cardenal Stella y al cardenal Omella. Tal vez sí haya sido un buen intento. No ha acabado todavía el juego. Tanto huele a azufre, que se me antoja que ante la caída de los de arriba pronto se alzará ante los ojos de este Papa o el siguiente la terrible injusticia conjurada contra el Rvdo. Miguel Ángel Barco. Y tras ello, su consecuente restitución al ejercicio público de su ministerio sacerdotal.

Para saber más: El objeto del enjuiciamiento

Para saber más sobre el contenido del juicio y el desarrollo del mismo puedes seguir leyendo aquí. Si no es así, puedes saltarte esta parte.

Lo que se juzgaba ese lunes 15 de julio de 2019 era el hecho que el exvicario judicial Roberto Ferrer, responsable último del uso de ese dinero, seguía cobrándolo a las parejas a las que les tocaba el perito que prefirió no cobrar sus peritajes. Y ello lo hacía así Roberto Ferrer para no hacer “agravio comparativo” respecto a las otras parejas a las que les tocaba un perito que sí cobraba, según cuentan los acusados. Ese dinero, y esto es lo que fue el objeto de enjuiciamiento, acabaría Ferrer utilizándolo para cualquier concepto de su propia decisión vinculado con el tribunal pero no debidamente justificado.

Este perito que trabajaba gratuitamente realizaba unos 12 peritajes de los 36 peritajes realizados anualmente. En lugar de abaratar el total de cada uno de los aproximadamente 36 peritajes anuales al realizar unos doce el perito jubilado sin cobrarlos, como en principio parecía ser y él mismo defendió que era su única intención, se entraban en la caja las cantidades ahorradas como pagadas y se dedicaba el remanente sin justificar, poco más de 3.000 euros, a “otros gastos” del Tribunal eclesiástico, lícitos en principio. Esos “otros gastos” incluían cenas de jueces eclesiásticos tras sesiones de trabajo, viajes, invitaciones, cursos, libros y otras cosas similares, muchos sin justificar más que genéricamente en el libro de caja.

El mismo perito que dejó de cobrar, actuando de testigo en el juicio explicó ante la juez la presión por parte de Ferrer en dos ocasiones personándose Ferrer en casa de aquél para insistirle en preguntar si ese dinero podría utilizarlo por cualquier concepto que interesase al Tribunal.

En la evacuación final de las conclusiones de este juicio, al que asistí al completo como público, se destacó esta «intención loable» del perito por parte del ministerio fiscal, que renunciaba a cobrar

- «porque quería que se abaratara los juicios de separación matrimonial siguiendo las instrucciones que el Papa Francisco había dado. Es con esta finalidad, y solo con esta finalidad por la que ha renunciado. Pero aunque no fuera por esta finalidad (…) Lo han pedido cuarenta veces al perito y él no ha querido, es que no ha querido que esto sea una donación [para gastos del tribunal], no, no “yo lo hacía exclusivamente para reducir los gastos que tiene este procedimiento”. Se detrae y se dice que se destine a gastos.

»Oiga mire cuando se realiza un gasto … hay que justificar la necesidad y hay que justificar que ese gasto se ha realizado. Ni aquí se ha justificado la necesidad ni se ha justificado que el gasto se ha realizado. (…) Pasando al tema de la acusada, creo que ha participado porque conocía la operación, la conocían todos (…) ahora bien, soy el fiscal y tengo dudas si se ha enriquecido o no (…) creo que el dominio de la acción la tenía el [ex]vicario, no me consta que en ese sentido [la acusada] se haya enriquecido, por eso yo planteo al tribunal la cooperación necesaria, o que simplemente es cómplice, porque desde luego ha participado, porque ha firmado diligencias, ha firmado cheques, y aunque el dominio del hecho lo tuviera el vicario, lo cierto es que ella también ha participado porque ella sabía lo que se estaba tratando y no ha puesto ninguna tacha, no ha puesto ningún tipo de tacha, y cuando se está en un cargo público en un Tribunal, cuando se ve un irregularidad, hay que ponerla de manifiesto.

»Yo quiero decir una cosa, y es que la cuantía en este caso es lo de menos, … si en una obra se están llevando sacos de cemento, tienes que actuar, porque si no todo el mundo pensará que tiene que llevarse un saco de cemento. (…) aquí qué pasa, que en un Tribunal se enteran de que una persona que actúa en el Tribunal no va a cobrar, que se enteran las dos personas que están aquí sentadas en el banquillo, que urden, que maquinan, que esos fondos los detraen sin decir a nadie nada para, entendemos que un beneficio que todavía no nos hemos enterado adonde ha ido ese dinero porque unas veces se ha dejado en un cajón, en un sobre, otras veces se ha pagado»

El Ministerio Fiscal señaló que es plausible el que se pague a veces dinero a una señora que lo necesite, sí,

- «pero con su dinero, no con el dinero propio de un Tribunal, porque los fondos de ese tribunal de los que han hecho uso esas dos personas no eran para ese fin, por lo tanto, la finalidad con la que lo han usado no era [adecuada].

»Que utilice el dinero que a él le corresponda o que considere (…) el único que tiene legitimidad para estar sentado aquí es el arzobispado de Zaragoza, porque le han distraído unos fondos a él, al obispado. No al perito, o a pepita o juanita, no, ese dinero que se ingresaba se ingresaba en el Tribunal, para uso del Tribunal. No para uso propio o en el caso de María Carmen Amador con su cooperación necesaria, por lo tanto creo que han quedado manifiestos con una claridad meridiana los hechos por los que han sido traídos a este juicio, no hay ninguna duda sobre la forma con la que han maquinado, urdido, el asentimiento, los talonarios de cheques, porque si ese dinero está para otras causas plausibles, pues se dice, “oye, Don Pascual no cobra, con ese dinero, vamos a ver qué hacemos”, previa autorización del dueño, que es el arzobispado de Zaragoza».

Las defensas de María Carmen Amador y de Roberto Ferrer conjuntamente pidieron absolución por todos los conceptos, haciendo hincapié en el error de equiparar la jurisdicción ordinaria con la canónica que no tienen nada que ver ni en el fondo ni en la forma; “la forma se ha probado que ha sido un totum revolutum”, caos total en llevar las cuentas en el obispado. La defensa basó también la petición de absolución en la facultad de disposición de los fondos por parte de cuatro personas, y en el hecho que los cheques se emitían por orden del vicario judicial Roberto Ferrer. Uno de los 11 cheques los cobró Ferrer, los otros Amador, pero entregando la totalidad. Se basa también la defensa al pedir la absolución en la conformidad implícita dada por parte del nuevo vicario sancionando de esta manera la corrección del libro de caja posteriormente al despido de la exnotaria y renuncia del exvicario:

- «Alentorán [Sergio Alentorán., el nuevo vicario] no sabía nada pero sí sabía que las comidas se pagan pero él no estaba en el 2015, y siendo responsable del libro de caja el 12 de febrero del 2016 aprueba las cuentas del 2015. Y tienen que salir [las irregularidades] si se puntean con el libro de caja y las cuentas de Ibercaja a menos que se haga todo manga por hombro, como vemos que ha sido. (…) Por esto fue un caos, cheques al portador, sin un recibí. Descontrol es la palabra. Por ello no necesitan los acusados urdir nada porque no se exige nada, todo se da por bueno. (…) Además el libro presentado al tribunal no lleva sellos de certificación, podrían haberlo rehecho [con malicia para presentarlo en el juicio]».

También existe una carta de agradecimiento por parte del nuevo vicario Sergio Alentorán, señala la defensa de los querellados. Pero cita la defensa a la testigo señora Jiménez que recibió unos dos mil euros de Ferrer, al que conoce desde los 14 años, para incluso sus nietos, la luz, evitar desahucio, familia externa, a dedo.

No hay prueba, insiste la defensa de Ferrer, del uso para beneficio propio del dinero, punto fuerte de la acusación:

- «¿Dónde está la prueba de que Roberto Ferrer ha utilizado en beneficio propio estas cantidades? El mismo Ministerio Fiscal dice que duda si ha habido enriquecimiento».

Roberto Ferrer por su parte intentó desmontar en su palabra final el testimonio del perito que acabó trabajando gratis. Y lo hizo alegando que en una conferencia pública que daba el testigo allí presente, se le presentó al público asistente como que había ofrecido sus honorarios para usos generales del Tribunal eclesiástico, no habiendo comentado o rectificado en ese momento tal presentación hecha sobre su persona. Así, Roberto Ferrer se defiende:

- «Don Pascual Hernando Calvo dio una conferencia en la parroquia del Corpus Christi de donde yo era párroco. Y en ese momento fui, y con monseñor Juan José García Faílde, vicario de la Rota, conjuntamente presentamos a Don Pascual Hernando Calvo y se dijo textual y públicamente que Don pascual Hernando Calvo llevaba más de 15 años haciendo periciales en el Tribunal, que había acabado renunciando en el mes de diciembre de 2014 a cobrar las pericias y que había renunciado para que se dispusiera en el Tribunal que yo presidía en este caso para que dispusiera de las pericias. Esa fue la presentación que se hizo por parte de Juan José García Faílde y yo, y fue en abril de 2015».

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